LOS FISCALES QUE SUSCRIBIMOS ESTE DOCUMENTO, MANIFESTAMOS:
- Que la calidad de la Justicia penal española no está a la altura de los mínimos que merece una democracia en un estado social y democrático de derecho.
- Que las razones de esa situación hay que buscarlas en la politización extrema, tanto del CGPJ como de la Fiscalía, en la falta de inversiones suficientes para mejorar las infraestructuras, las instalaciones y aumentar el personal al servicio de la Administración de Justicia y en la falta de consenso en Las Cortes para crear un procedimiento penal moderno al estilo de los que ya están en vigor en la inmensa mayoría de los países europeos, de los países del ámbito anglosajón y del establecido en los Tribunales Penales internacionales.
- Que en la situación actual, buscando las soluciones únicamente en un reforzamiento de la dureza del Código Penal y olvidando las reformas estructurales y procesales necesarias se está llevando la Justicia penal española a un colapso inaceptable.
- Que es preciso despolitizar la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, introduciendo mecanismos que sitúen la decisión sobre la elección de 12 de los 20 vocales en los propios jueces y magistrados.
- Que es indispensable modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en términos que garanticen la efectiva independencia del Fiscal General respecto del Gobierno de turno, estableciendo la necesidad de que el Consejo Fiscal sea oído en el trámite de nombramiento del Fiscal General.
- Que es necesario establecer un sistema baremado de méritos profesionales que sirvan de referencia a los nombramientos que informa el Consejo Fiscal.
- Que es necesario establecer un trámite de audiencia por el Consejo Fiscal al menos a los candidatos mejor clasificados para cada plaza que se ofrezca a los fiscales.
- Que es preciso que cualquier nombramiento que se proponga por el Fiscal General cuente al menos con el apoyo de tres de los vocales electos en el Consejo Fiscal.
- Que es imprescindible multiplicar la inversión pública en Justicia a fin de garantizar los medios personales y materiales necesarios para el buen funcionamiento de la Justicia española.
- Que es necesario modificar el procedimiento penal confiriendo la instrucción al Ministerio Fiscal para lo cual hacemos un llamamiento a Las Cortes, y a la responsabilidad de los partidos políticos.
